RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

Es aquella que nace cuando se causa un daño a los trabajadores de la empresa por negligencia demostrada del patrón. Sólo se puede acreditar esta responsabilidad en caso de que existan lesiones al trabajador o su fallecimiento. 

 

 

El Código Civil establece que los empleados no son terceros frente a la empresa. Sin embargo, la realidad social es que sí son susceptibles de sufrir siniestros personales por un accidente laboral.

Con el fin de dar cobertura a las posibles reclamaciones de nuestros trabajadores o personas que en un momento dado están en nuestro ámbito de dominio (podría ser un becario) es el motivo por el que hay que contratar esta garantía adicional.

Al igual que ocurre con la garantía de explotación, la reclamación será fundada o no, aunque eso corresponderá determinarlo a la autoridad judicial correspondiente, pero inicialmente lo primero será afrontar gastos de defensa y eventualmente de indemnización si hubiera condena.

Es importante saber que en la situación actual del mercado asegurador, esta garantía sólo se puede contratar unida a la de explotación, y las compañías establecen siempre un sublímite máximo por victima. En este sentido, aunque, por ejemplo, contratemos una cobertura de 600.000 €, nos encontraremos con un sublímite por victima de 90.000 € ó 150.000 €. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para las actividades de riesgo.

Esta garantía, aunque probablemente es la más importante que se pueda tener (las consecuencias de un siniestro laboral, sobre todo si es múltiple, son imprevisibles pues dependen mucho de las circunstancias personales de cada afectado), se suele confundir con muchas otras figuras: la mutua patronal, accidentes colectivos de convenio y el plan de prevención de riesgos laborales. 

 
La Mutua Patronal, a la que está obligado por ley el adscribirse cualquier entidad que tenga trabajadores, realiza labores sustitutivas de la Seguridad Social en lo referente a las bajas, seguimiento de las mismas y las altas. Por tanto, en caso de siniestro laboral, sí que intervendrá pues es la que determinará la baja del trabajador, la que hará el seguimiento de la misma y eventualmente dará el alta, pero en caso de un fallecimiento o una invalidez, su trabajo termina en ese momento. Si el trabajador o su familia deciden demandar a la empresa por entender que el accidente se ha producido por una falta de formación, o por no haberle dado los mecanismos de protección adecuada, o la causa que sea, la Mutua no interviene para nada, es ajeno a su labor.

Por otro lado, muchos son los Convenios Colectivos que establecen la obligatoriedad de suscribir a favor del trabajador un seguro de accidentes y en ocasiones de vida. En ellos se establece que en función de determinados resultados de una accidente laboral, fallecimiento, invalidez permanente y absoluta, invalidez total, etc., se deberá indemnizar al trabajador o a sus herederos con una determinada cuantía, que se suele actualizar regularmente. Este tipo de seguro, que desde el año 2002 es obligatorio bajo importantes multas, es distinto de la garantía mencionada. En caso de un fallecimiento, la empresa (el seguro de la misma) tendrá que indemnizar de oficio la cantidad establecida en el convenio, lo cual no impide que sus herederos a su vez, demanden a la misma alegando cualquier causa que consideren responsable de que el siniestro se produjera por acción, omisión o negligencia de la misma.

Por último el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, también obligatorio por Ley para cualquier centro de trabajo, lo que establece son las recomendaciones o normas bajo las cuales el trabajo debe ser desarrollado. Su no existencia, aplicación o comunicación inadecuada, además de importantes sanciones, podrá conllevar una agravación o una condena en caso de siniestro laboral, pero es independiente de la existencia de la garantía de responsabilidad civil patronal.

 

 

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